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La ley según la ciudad donde vivas. Punto # 193 de octubre 6, 2011

6 octubre, 2011

Más allá de la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio a las constituciones de Baja California y San Luis Potosí dándoles validez a las reformas que sus legislaturas aprobaron, ahora lo que me causa curiosidad es cómo van a adecuar nuestros egregios legisladores los códigos penales del país para tener una interpretación uniforme para la aplicación de estas leyes. Estas reformas no tienen ni pies ni cabeza; son, como acertadamente las calificó Jorge G. Castañeda, una “mexicanada”, porque en la práctica es imposible aplicarlas, pues según estas regulaciones misóginas y retardatarias, los médicos, enfermeros, amigos o parientes que ayuden a una mujer a abortar serán vistos como cómplices de homicidio. Así pues, cuando un doctor que trabaja para un hospital adscrito a la Secretaría de Salud del D.F. y cuyas responsabilidades incluyen atender a mujeres que desean abortar, al visitar Tijuana, alguna llamada anónima lo acusa de abortista, ¿será arrestado y juzgado por las leyes bajacalifornianas como homicida?

Tenemos tres formas de entender cuándo inicia la vida dentro de nuestro sistema federalista, después de haberse cambiado las constituciones de 17 estados: la primera se aplica en el Distrito Federal, capital del país, donde la interrupción del embarazo en legal antes de las doce semanas; segundo, están los 14 estados donde no se logró o no era viable políticamente cambiar la ley para apaciguar a las mentes conservadores y retrógradas que pedían aplicar el precepto conservador del “derecho a la vida desde la concepción” y siguen existiendo causales para obtener derecho al aborto: mal formación congénita del producto, violación, peligro para la madre, y en Yucatán, por razones económicas después de tener tres hijos; la tercera interpretación corresponde a la que se integraron 17 estados, cuyas legislaturas junto con el gobierno federal y las bancadas del PAN y PRI y en algunos casos hasta con algunos miembros del PT y PRD aprobaron lo que se convirtió en una controversia constitucional: “el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural.”

El sentido común me impone algunas preguntas respecto a la forma de aplicar las nuevas leyes en los diversos estados del país, siendo que cada uno tiene una lectura dispar del concepto. Es entendible que si una mujer que viva en Tijuana o Mexicali cruza la frontera y en cualquier clínica de San Diego o El Cajón interrumpe su embarazo sería imposible condenarla por violar una ley bajacaliforniana cuando regresara a su lugar de residencia, acto que en el otro país no es delito. La extraterritorialidad de las leyes no se puede aplicar salvo que éstas sean consideradas delito en ambas naciones. Así pues que las mujeres fronterizas con visa americana no tendrán problema alguno para acceder a servicios de salud sexuales adecuados, limpios y profesionales.

Aquellas sin visa para cruzar a Estados Unidos o dinero para viajar a Europa, pero que tengan lo suficiente para trasladarse a la Ciudad de México podrán, al igual que las que se trasladan a Estados Unidos, tener servicios médicos profesionales adecuados para interrumpir su embarazo.  Es en casos como éste donde me cuesta trabajo entender cómo van a aplicar su decimonónica visión. Ya que sus leyes consideran homicidio al aborto, aquellas mujeres residentes en Baja California o San Luis Potosí que vengan a la capital o viajen a algún estado vecino donde existen atenuantes para interrumpir el embarazo, al regresar a sus lugares de residencia, entidad donde trabajan, estudian y pagan impuestos, ¿serán éstas arrestadas y juzgadas como homicidas? ¿Se pedirá la extradición, si es que el término es aplicable a nivel interestatal, del médico que asistió a la mujer bajacaliforniana en la capital y que vive en la Ciudad de México para que se le pueda juzgar en Baja California?

Por otro lado, ¿serán las pastillas del día siguiente, fármaco considerado abortivo por la jerarquía católica y sus adalides, prohibidas y su venta suprimida al igual que cualquier droga? Las féminas yucatecas que por pobreza no desearon tener un cuarto hijo, al viajar a Monterrey, lugar al que para llegar se requiere cruzar el estado de San Luis Potosí, ¿serán estas mujeres interceptadas para llevarlas a la cárcel acusadas de homicidio en grado de parentesco?

¿Y qué haremos con los familiares, parejas y amigos que ayudaron a las mujeres que por decisión propia  interrumpieron su embarazo? ¿Serán acusados de ser cómplices del delito de homicidio?

Bajo la situación actual, cada legislatura local tendrá la capacidad de decidir cuándo inicia la vida según su muy personal interpretación de la ley. Por un lado tenemos a la capital de la República donde es factible interrumpir el embarazo antes de las doce semanas, después tenemos estados como el de México donde todavía no se legisla a nivel local para considerar un crimen el aborto, sin embargo existen atenuantes y por último están los 17 estados donde es incluyó el famoso “derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural.”

¡Extra! ¡Extra! Beatriz Paredes, ex lideresa del Partido Revolucionario Institucional nunca ha dicho esta boca es mía en relación al asunto del aborto. Resulta extraño que una mujer líder de opinión no se haya pronunciado sobre al asunto cuando fue con la ayuda de su partido que el PAN pudo, sobre todo cuando parece que será la candidata del PRI a gobernar la capital del país, única entidad donde la interrupción del embarazo es legal.

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La píldora de la NOM 046 Punto # 127 de junio 3, 2010

3 junio, 2010

La semana pasada la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la Norma Oficial Mexicana 046 sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres que obliga a toda institución de salud en el país, ya sea pública o privada, a suministrar el medicamento a toda mujer violada que la requiera.

Avalada por una contundente votación de diez a uno, donde sólo el ministro Salvador Aguirre Anguiano argumentó durante seis sesiones que la píldora de emergencia era abortiva, la corte resolvió la controversia constitucional promovida por el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez. A la postre, el gober piadoso se ufanó que en su estado la píldora no será repartida, pues sustenta su dicho en que la constitución jalisciense está sobre las normas federales. El ministro José Ramón Cossío Díaz, indicó que “si al final del día hubiera un desacato a la sentencia, puede incluso ser sometido a un proceso penal por la comisión de un delito contra la administración de justicia”.

Los Ministros de la SCJN

Plausible fue el desenlace, salvo para la Iglesia Católica, que permite a las mujeres decidir sobre su embarazo en caso de violación. Falta mucho para revertir los retrocesos que casi una veintena de estados han ocasionado a los derechos sexuales de las mujeres. Claro, siempre lideradas estas campañas por hombres. Pobres mujeres, no pueden ni siquiera decidir sobre aspectos enteramente femeninos sin el aval masculino. Seamos sinceros, hablamos de igualdad de género en México, pero la realidad es que “no las vemos ni las oímos”. Seguimos siendo una sociedad machista, pletórica de valores discriminatorios hacia ellas.

Es vergonzoso que gobernantes, casi la totalidad del género masculino, aunque en muchos casos también femeninos, continúen regateando los derechos que las mujeres merecen. Aceptemos que es la Iglesia Católica la que sigue gobernando en México y, como bien sabemos, es una de las instituciones más misóginas que ha existido sobre la faz de la Tierra. Siguen negándole a las mujeres ser dueñas de su vida, de su cuerpo y de su entorno. Lo más patético del asunto es que las pocas mujeres que han logrado acceder a posiciones de liderazgo en México avalen políticas, que a todas luces, van en contra de ellas mismas.

La píldora en cuestión, que no es abortiva, pues su función es evitar que el óvulo sea fecundado por el espermatozoide, fue duramente criticada por los grupos conservadores de orientación cristiana, en especial la Iglesia Católica Romana. Me es en extremo difícil digerir los argumentos de una religión donde el dogma se antepone a la ciencia. Además tratar de imponer entre todos los mexicanos, que aunque pertenecemos a distintas denominaciones religiosas o somos ajenos a cualquier dogma, una única  visión de la vida bajo la óptica de esa particular fe no habla de un México plural que es real y palpable.

Lo más sombrío del asunto es que son hombres los que deciden sobre la salud de las mujeres. ¿Y las mujeres, acaso no tienen nada que decir sobre el tema? Salvo contados grupos, tales como GIRE (Grupo de Información en Reproducción Elegida) y la asociación Católicas por el Derecho a Decidir, la inmensa mayoría se mantiene muda y expectante sobre decisiones que les compete exclusivamente a ellas. Es de por sí vergonzoso que las mujeres no tengan voz ni voto en el tema. Sólo dos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son mujeres, Olga Sánchez Cordero y Margarita Luna Ramos. Ambas estuvieron a favor de la resolución que ganó la votación.

Imagen tomada del periódico La Jornada

En mi país, México, se sigue privilegiando el machismo, al ser hombres los preocupados del quehacer femenino. Son hombres los que, sin ver que es un problema de salud pública y no de moral, los que deciden sobre la feminidad y la maternidad. Sin embargo, la responsabilidad sobre ello, que debería recaer en las mujeres, es evitada por las mismas féminas, ya sea por “usos y costumbres” o por franca ignorancia y nula educación.

Seguimos siendo una sociedad influida por valores decimonónicos y retrógrados. Somos un conglomerado social marcado por el síndrome de Nosotros los pobres, película llena de estereotipos, o todavía peor, las decenas de versiones de la inefable obra del cubano Félix B. Caignet, Derecho de nacer, lacrimógena obra plagada de clichés facilones, convertida en telenovela, radionovela y película.

Dejemos, pues a las mujeres decidir. Son ellas las únicas aptas para optar por un embarazo o interrumpirlo. ¿Por qué será que las mujeres mexicanas siempre tienen que acatar decisiones tomadas por sus antípodas masculinos? No es un secreto que el peor enemigo de una mujer es otra mujer. Las mujeres mexicanas, en su inmensa mayoría siguen considerando la maternidad como el pináculo de la realización femenina, dejando de lado el desarrollo intelectual, social, cultural o económico.

Varias mujeres, sobre todo jóvenes, pobres, indígenas y carentes de educación residen en este momento en cárceles de varios estados del país por haber decidido interrumpir su embarazo. Es francamente estúpido, que si una mujer capitalina decide interrumpir su embarazo no tenga problema alguno para hacerlo, salvo los aspectos sicológicos que acarrea una decisión de esa magnitud. Sin embargo si ella habita y aborta de éste lado del Periférico puede ser refundida en la cárcel por ello. ¿Y qué sucede con las que viven en la frontera y cruzan a los Estados Unidos para optar por un método higiénico y fuera de peligro para interrumpir su embarazo? ¿Las metemos a la cárcel al regresar a México?

Nuestros gobernantes siguen creyendo que todas las mexicanas son católicas, apostólicas y guadalupanas. Nadie obliga a una mujer a abortar, pero aquellas que lo decidan, deben ser respetadas, especialmente cuando son violadas. Reproducir violadores no abona a una sana convivencia.

¡Extra! ¡Extra! Fenomenal osario patriótico, que sin ápice de sustento histórico, ha llegado al Castillo de Chapultepec para ser analizado a la antigüita, o sea sin corroborar el ADN. Nuestra necrofilia patriótica se muestra en toda su magnificencia al hacer honrar los esqueletos que nos dieron patria. Según María del Carmen Vázquez Mantecón, doctora en historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y autora de la investigación Las reliquias y sus héroes explicó “hay pruebas que permiten dudar de la autenticidad de la mayoría de los restos que están en el Ángel” (La Jornada 31/05/10).


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