Florence Cassez y Carlos Avena. Punto # 214 de marzo 22, 2012

“Once millones de razones, los mexicanos en el

 extranjero, que nos exigen ser congruentes con

 el respeto al derecho de asistencia consular.”

Manlio Fabio Beltrones, senador del PRI

El 21 de marzo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deliberará sobre el affaire Florence Cassez. Ya el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea emitió un proyecto que será lo que analicen los cinco ministros de esa sala: José Ramón Cossío, Olga Sánchez Cordero, Guillermo Ortiz Mayagoitia, Mario Pardo Rebolledo y el mismo Zaldívar. Lo que se discute en el proyecto del ministro proponente no es la culpabilidad o inocencia de la inculpada que purga una condena de 60 años de prisión; se discute si fue apegado a derecho el juicio y si los derechos consulares de la francesa fueron respetados y tuvo asistencia de las autoridades de su país.

En Un fallo insuficiente: la sentencia de la Corte Internacional de Justicia en el caso Avena, un ensayo de Bernardo Sepúlveda Amor publicado en la revista Este País escribió:

La Corte Internacional de Justicia dictó una sentencia, el 31 de marzo de 2004, mediante la cual reafirmó la vigencia de las garantías de protección consular otorgadas por el derecho internacional a todo Estado parte en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963. Dichas garantías se hacen extensivas a los individuos que sean nacionales de ese Estado. La sentencia tiene su origen en una controversia entre México y Estados Unidos, relacionada con 51 mexicanos condenados a la pena de muerte por tribunales estadounidenses sin haber contado con la asistencia jurídica para su defensa por parte de los consulados de México. La sentencia fue favorable a los intereses legales de México y el litigio se denomina Caso de Carlos Avena y otros nacionales mexicanos.

Lo que argumentó el gobierno mexicano fue que se violaron los derechos del connacional, no si era culpable, como sí se comprobó durante su juicio. Carlos Avena Guillén fue sentenciado a la pena capital por el asesinato de Manuel Solís y Miguel Vásquez durante el robo de un auto Camaro.

En un resumen sobre el caso Avena, escrito por el embajador Juan Manuel Gómez Robledo, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se establece que “México en modo alguno justifica los hechos delictivos de los que son presuntamente responsables los nacionales mexicanos condenados a la pena capital”. Sin embargo, sí se señalan las arbitrariedades procesales de las que fueron víctimas las 51 personas y cuyo caso más representativo fue el de Carlos Avena.

Carlos Avena Guillén fue detenido el 15 de septiembre de 1980 en Los Ángeles por asesinato, encontrado culpable el 9 de diciembre de 1981 y sentenciado a pena de muerte el 12 de febrero de 1982. El Gobierno mexicano no conoció del caso hasta 11 años después de su detención. La demanda que incluía todos los casos de mexicanos en esa circunstancia fue presentada ante La Haya el 9 de enero de 2003 a iniciativa de Jorge Castañeda, entonces Secretario de Relaciones Exteriores.

Resulta una incongruencia del gobierno mexicano y la PGR minimizar las violaciones a los derechos de la acusada que busca un amparo. Tampoco entiendo el papel de Isabel Wallace, distinguida defensora de los derechos humanos, quien desestima los aspectos legales y confunde derecho con justicia. Calderón también maneja el mismo discurso. En el caso de la candidata panista a gobernar el Distrito Federal es entendible que no distinga la diferencia, pero que el presidente se pase por el arco del triunfo las violaciones al debido proceso es preocupante. La presión a la Suprema Corte de Justicia es innegable y el descaro del gobierno federal – vía Alejandro Poiré, Genaro García Luna, Felipe Calderón, Cuitláhuac Salinas e Isabel Wallace – para inmiscuirse en asuntos de una instancia independiente muestra la falta de pulcritud en el discurso, pero más preocupante todavía, un total desprecio por las leyes y el derecho.

Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea

Héctor de Mauleón publicó en la revista nexos el ensayo Florence Cassez: La verdad secuestrada, donde después de dos meses de lectura del expediente concluye:

Todo lo que el expediente dice puede ser verdad, salvo que mucho de lo que el expediente dice es contradictorio, y el conjunto, paso a paso, una verdad digna de sospecha o una mentira digna de indignación. Al final de la historia, los únicos hechos comprobables del expediente son la manipulación sistemática, la impunidad de origen en el trato de acusados y testigos, el manejo de los medios para construir versiones ad hoc.

¡Extra! ¡Extra! El viernes aterriza en León, Guanajuato el líder de la iglesia católica y cabeza gobernante del Estado Vaticano, Joseph Ratzinger, Benedicto XVI para una visita pastoral que pocos consideran así y la lectura casi unánime, salvo la curia y la CEM, es que el periplo tienes muchos mensajes políticos si consideramos que en una semana inician las campañas para elegir presidente. Los papas y la iglesia han hecho política desde sus orígenes y nunca su interés ha sido monopolizado por la salvación del alma humana. Ejemplo de ello es rol protagónico, más muy bien solapado por Ronald Reagan, de Juan Pablo II en la debacle de la Unión Soviética y del triunfo de Solidaridad en Polonia.

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