La ley según la ciudad donde vivas. Punto # 193 de octubre 6, 2011

Más allá de la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio a las constituciones de Baja California y San Luis Potosí dándoles validez a las reformas que sus legislaturas aprobaron, ahora lo que me causa curiosidad es cómo van a adecuar nuestros egregios legisladores los códigos penales del país para tener una interpretación uniforme para la aplicación de estas leyes. Estas reformas no tienen ni pies ni cabeza; son, como acertadamente las calificó Jorge G. Castañeda, una “mexicanada”, porque en la práctica es imposible aplicarlas, pues según estas regulaciones misóginas y retardatarias, los médicos, enfermeros, amigos o parientes que ayuden a una mujer a abortar serán vistos como cómplices de homicidio. Así pues, cuando un doctor que trabaja para un hospital adscrito a la Secretaría de Salud del D.F. y cuyas responsabilidades incluyen atender a mujeres que desean abortar, al visitar Tijuana, alguna llamada anónima lo acusa de abortista, ¿será arrestado y juzgado por las leyes bajacalifornianas como homicida?

Tenemos tres formas de entender cuándo inicia la vida dentro de nuestro sistema federalista, después de haberse cambiado las constituciones de 17 estados: la primera se aplica en el Distrito Federal, capital del país, donde la interrupción del embarazo en legal antes de las doce semanas; segundo, están los 14 estados donde no se logró o no era viable políticamente cambiar la ley para apaciguar a las mentes conservadores y retrógradas que pedían aplicar el precepto conservador del “derecho a la vida desde la concepción” y siguen existiendo causales para obtener derecho al aborto: mal formación congénita del producto, violación, peligro para la madre, y en Yucatán, por razones económicas después de tener tres hijos; la tercera interpretación corresponde a la que se integraron 17 estados, cuyas legislaturas junto con el gobierno federal y las bancadas del PAN y PRI y en algunos casos hasta con algunos miembros del PT y PRD aprobaron lo que se convirtió en una controversia constitucional: “el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural.”

El sentido común me impone algunas preguntas respecto a la forma de aplicar las nuevas leyes en los diversos estados del país, siendo que cada uno tiene una lectura dispar del concepto. Es entendible que si una mujer que viva en Tijuana o Mexicali cruza la frontera y en cualquier clínica de San Diego o El Cajón interrumpe su embarazo sería imposible condenarla por violar una ley bajacaliforniana cuando regresara a su lugar de residencia, acto que en el otro país no es delito. La extraterritorialidad de las leyes no se puede aplicar salvo que éstas sean consideradas delito en ambas naciones. Así pues que las mujeres fronterizas con visa americana no tendrán problema alguno para acceder a servicios de salud sexuales adecuados, limpios y profesionales.

Aquellas sin visa para cruzar a Estados Unidos o dinero para viajar a Europa, pero que tengan lo suficiente para trasladarse a la Ciudad de México podrán, al igual que las que se trasladan a Estados Unidos, tener servicios médicos profesionales adecuados para interrumpir su embarazo.  Es en casos como éste donde me cuesta trabajo entender cómo van a aplicar su decimonónica visión. Ya que sus leyes consideran homicidio al aborto, aquellas mujeres residentes en Baja California o San Luis Potosí que vengan a la capital o viajen a algún estado vecino donde existen atenuantes para interrumpir el embarazo, al regresar a sus lugares de residencia, entidad donde trabajan, estudian y pagan impuestos, ¿serán éstas arrestadas y juzgadas como homicidas? ¿Se pedirá la extradición, si es que el término es aplicable a nivel interestatal, del médico que asistió a la mujer bajacaliforniana en la capital y que vive en la Ciudad de México para que se le pueda juzgar en Baja California?

Por otro lado, ¿serán las pastillas del día siguiente, fármaco considerado abortivo por la jerarquía católica y sus adalides, prohibidas y su venta suprimida al igual que cualquier droga? Las féminas yucatecas que por pobreza no desearon tener un cuarto hijo, al viajar a Monterrey, lugar al que para llegar se requiere cruzar el estado de San Luis Potosí, ¿serán estas mujeres interceptadas para llevarlas a la cárcel acusadas de homicidio en grado de parentesco?

¿Y qué haremos con los familiares, parejas y amigos que ayudaron a las mujeres que por decisión propia  interrumpieron su embarazo? ¿Serán acusados de ser cómplices del delito de homicidio?

Bajo la situación actual, cada legislatura local tendrá la capacidad de decidir cuándo inicia la vida según su muy personal interpretación de la ley. Por un lado tenemos a la capital de la República donde es factible interrumpir el embarazo antes de las doce semanas, después tenemos estados como el de México donde todavía no se legisla a nivel local para considerar un crimen el aborto, sin embargo existen atenuantes y por último están los 17 estados donde es incluyó el famoso “derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural.”

¡Extra! ¡Extra! Beatriz Paredes, ex lideresa del Partido Revolucionario Institucional nunca ha dicho esta boca es mía en relación al asunto del aborto. Resulta extraño que una mujer líder de opinión no se haya pronunciado sobre al asunto cuando fue con la ayuda de su partido que el PAN pudo, sobre todo cuando parece que será la candidata del PRI a gobernar la capital del país, única entidad donde la interrupción del embarazo es legal.

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