El RENAUT, pros y contras Punto # 120 de abril 15, 2010

El famoso RENAUT, parte del proyecto para enfrentar al crimen organizado, el cual se vislumbró hace un año y tuvo el apoyo de todos los actores políticos y sociales del país llegó a la fecha límite para aplicarlo. El pasado sábado a la media noche venció el plazo para registrar los teléfonos celulares de todos los habitantes del país. La razón esgrimida por las autoridades se basó en que el registro de nuestros celulares evitará el uso de aparatos de esta naturaleza para extorsiones y otras clases de delitos. Nuestra muy mexicana actitud de dejar todo para el último minuto tiene a más de 20 millones de usuarios a punto de perder su número y la cancelación de sus líneas telefónicas. Aquí entran un par de cuestiones que permiten otear el problema desde varias perspectivas.

Varias voces han criticado o alabado la medida. No es gratuito que la ciudadanía dude del uso que se haga de los datos vertidos en el sistema. Recordemos la venta de los datos del IFE a particulares; igual sucedió con el famoso RENAVE, Registro Nacional de Vehículos, que dirigía el otrora genocida argentino Ricardo Cavallo. Que la ciudadanía se manifieste renuente a acatar la disposición oficial, a acatar la ley, tiene su origen en la nefasta fama que el estado mexicano se ha ganada a pulso.

La empresa telefónica Movistar liderada por Francisco Gil puso en jaque al gobierno cuando un par de días previos al vencimiento del plazo para el registro, manifestó a través de un escueto documento su negativa a cortar el servicio telefónico a los clientes de su compañía que no hubieran cumplido con esa obligación. Por lo que pude leer, lo que más molestó a algunos editorialistas y reporteros no fue su negativa a aplicar las leyes mexicanas, sino que la empresa fuera española. Algunos llegaron a manifestar que la empresa Movistar no hubiera tenido el valor de retar las leyes en su país de origen, España. Se les olvida mencionar que aquí lo hicieron, no porque sean españoles o chinos; lo hicieron porque saben muy bien que en México aplicamos la ley a medias. Es el estado mexicano el que permite estas tropelías. De ser un estado fuerte y recto dudo mucho se hubiesen atrevido al desacato. Como dice el famoso refrán que todos conocemos: “has fama y échate a dormir”.

Por lo que respecta a nuestra muy idiosincrática desconfianza hacia las autoridades, mantenemos la idea de que en México todo se puede hacer sin tener que pagar por ello. La impunidad que permea entre la sociedad solapa nuestro desprecio por la ley. No en balde en varias encuestas sobre valores, los mexicanos contestamos que si la ley no nos parece adecuada o no nos gusta, pues no la obedecemos. Ejemplo de ello son los constantes linchamientos que suceden en varias regiones bajo el pueril argumento de tomarse la ley en sus manos. Es indudable que dado los antecedentes que tiene el gobierno mexicano no queramos como usuarios de un servicio público respetar las disposiciones legales que nos atañen, sin embargo las descalificaciones al registro, algunas bien sustentadas, no nos eximen para no respetarlas.

Lo que me resulta incompresible es la poca difusión que el gobierno hizo para convencer a la ciudadanía de las bondades del RENAUT. Resulta que la única difusión masiva se hizo un par de semanas previas al vencimiento. Varias preguntas me vienen a la mente: ¿Cómo saben las autoridades que el que se registra es realmente el propietario del aparato? No hay forma, al menos yo no la conozco, para saber que los datos que mandamos, nombre y CURP, son verídicos. Leí que hubo hasta cinco mil registros con los datos de Felipe Calderón y Carlos Slim. El acceso a la página web donde se localizan las CURP es público y cualquier individuo puede sacar los datos de otro y enviarlos usufructuando la identidad en franco deterioro de los datos personales del afectado. ¿Por qué no, a la par que se buscó limitar el mal uso de los celulares, se promovió una ley que resguarde los datos personales de los mexicanos? Además cualquiera puede comprar una línea telefónica en Estados Unidos o Canadá y mediante el pago de roaming internacional tener un número telefónico no registrado en México y hacer uso criminal del aparato. Igual que las armas que provienen del país del norte ahora tendremos un tráfico de aparatos celulares.

De los cerca de 88 millones de teléfonos celulares en uso en el país faltan de registrarse más de 20 millones. Bajo esa lógica, no paguemos IVA, impuestos, no respetemos los reglamentos de tránsito, no registremos a nuestros hijos cuando nazcan, en fin, no obedezcamos nada que el estado nos obliga a hacer.

¡Extra! ¡Extra! Ahora resulta, según nuestro apolíneo gobernador, que el caso Paulette se ha politizado. No señor, no es que quieran sacar raja política de ello. El problema radica en las ineficientes y paupérrimas formas en que el procurador Bazbaz ha llevado el asunto. Su ineptitud salta a la vista y como bien dicen los conocedores, cuando se tienen posiciones de mando y responsabilidad, la cabeza es tan inteligente, eficiente o imbécil como sus colaboradores.

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